Desde hace varias décadas y especialmente a partir de la década de los 80, el destacado crecimiento industrial y económico logrado en Chile ha tenido como contrapartida la desprotección y el deterioro evitable de las condiciones del ambiente. Ese deterioro ha ocurrido en diversas áreas del país y por diversas causas (industriales, minería, uso inadecuado de pesca, ganadería, agricultura y forestal, crecimiento urbano inadecuado, inadecuada disposición de residuos, contaminación de aire agua y suelos, entre otros). 

 

Ello es compatible con la aplicación del modelo político y económico imperante en Chile, especialmente entre 1975 y 1990, en que se dio mayor prioridad al crecimiento industrial y productivo en desmedro de las condiciones del ambiente. Ambos temas no han sido compatibilizados, bajo el planteamiento de que un marco normativo y regulación efectiva de las condiciones del ambiente implica control, las limitaciones y exigencias al desarrollo industrial y funcionamiento productivo. Por ello, no hubo política gubernamental ambiental antes de 1990, lo que se reflejó en ausencia de fiscalización adecuada, de voluntad política o políticas públicas que hubiesen permitido resguardar las condiciones del ambiente y prevenir su impacto en la salud de la población. (1,2)

 

Desde 1990, los gobiernos de la Concertación procuraron compatibilizar la continuación del crecimiento económico con el debido resguardo de las condiciones del ambiente. En 1994, se  promulgó la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Dicha ley creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Dicha ley sienta las bases para el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que está compuesto por todos los ministerios, organismos sectoriales de la administración central y los organismos descentralizados a los que el conjunto de leyes vigentes asigna responsabilidades y potestades ambientales, coordinados por una normativa legal y reglamentaria, complementado por leyes bajo responsabilidad de diversos ministerios, en temas como pesca y acuicultura; protección agrícola; residuos industriales líquidos y la creación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En ese conjunto legal, el Código Sanitario tiene una especial importancia para el sector salud. (1,2)

 

En 1998, el Consejo de Ministros relacionados con el Ambiente aprobó la Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Dicha política busca balancear adecuadamente el desarrollo productivo y el cuidado del ambiente, en torno a un desarrollo sustentable; entre los problemas que busca enfrentar y corregir, destacan:

 

• Contaminación atmosférica asociada a las áreas urbanas, a la industria, a la minería y a la generación eléctrica.

• Alta contaminación hídrica (ríos, lagos y borde costero), por disposición sin tratamiento de residuos líquidos domiciliarios e industriales.

• Crecimiento urbano inadecuado, con alta contaminación y escasez de áreas verdes.

• Inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos, domésticos e industriales.

• Erosión y degradación de suelos, por deficientes técnicas agrícolas y pesqueras, crecimiento urbano que no respeta el ambiente, y manejo inadecuado de residuos sólidos.

• Amenazas al bosque nativo por sobreexplotación y falta de protección.

• Pérdida de recursos hidrobiológicos, con situaciones de agotamiento de la biomasa.

• Deficiente gestión de sustancias químicas peligrosas, con riesgos para la salud humana. (2)

 

Como principio y estrategia de desarrollo sustentable, la política ambiental busca generar las condiciones básicas para compatibilizar el crecimiento económico con la protección del medio y el uso sustentable de los recursos naturales (a través de mecanismos que sean técnicamente apropiados, económicamente viables y socialmente aceptables). (2)

 

En 2010 entró en vigencia la Ley 20.417, que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. También en 2010, Chile adhirió al Acuerdo de Copenhague sobre el cambio climático, y en consecuencia se comprometió a adoptar acciones para limitar en 20% sus emisiones de efecto invernadero (el año 2020, en relación a 2007). (3,4)

 

Este problema que ha llevado a la desprotección y deterioro del ambiente no es un fenómeno sólo ocurrido en Chile, sino que ocurre en la mayoría de los países, especialmente en aquellos más industrializados y que por presión o intereses económicos internos, no aplican medidas de resguardo del ambiente, generando una situación global y crítica de la humanidad. Esa relevante situación ha motivado acuerdos y propuestas internacionales en torno al desarrollo sustentable, que incluye el cuidado del ambiente. En las últimas dos décadas, las autoridades y grupos sensibilizados de la población han mantenido el tema medioambiental en alto nivel de la agenda pública. Las Naciones Unidas y otras agencias continúan con persistente abogacía en este tema, que incluso está incluido entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio; también hay una activa discusión, foros internacionales y aportes  de agencias internacionales y no gubernamentales, como expresado en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), de junio de 2012 y la asistencia técnica aportada por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (5,6)

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