En general, las condiciones socioeconómicas de los diversos grupos de la población continúan con un desarrollo histórico positivo, en línea con el progreso socioeconómico del país. En general, el ingreso mensual promedio en hogares ha seguido aumentando, el desempleo sigue disminuyendo hasta niveles cercanos al empleo total, especialmente en algunas Regiones, la pobreza e indigencia también siguen disminuyendo y se ha propuesto erradicar la pobreza extrema. Algunas políticas públicas incluyen el enfoque de género y hay esfuerzos intersectoriales que promueven mejores condiciones y derechos de las mujeres. El desarrollo logrado en algunos grupos y comunas del país ha llegado a un nivel similar al de países de muy alto desarrollo. Las comunas elite permiten contar con un referente empírico óptimo para Chile.

La gran desigualdad en las condiciones socioeconómicas de los diversos grupos de la población continúa siendo un desafío relacionado con la inequidad social, que requiere de apoyo de mayor equidad distributiva, contributiva y de subsidios focalizados. La desigualdad bajo las cuales los distintos grupos de la población están influidos por aspectos como el ingreso, desempleo, pobreza y educación requieren continuar siendo monitoreadas y las políticas, estrategias y subsidios ser fortalecidas y resguardadas.

La Estrategia Nacional de Salud, con Objetivos sanitarios para 2020, con parámetros de objetivos sanitarios que debiesen estar cumplidos al fin de la década, incluye consideraciones para la influencia de determinantes sociales de salud en la salud. En forma complementaria, se mantiene la iniciativa de MINSAL (Subsecretaría) sobre13 pasos para una agenda de abordaje de las determinantes sociales (2009), buscando construir una nueva agenda social desde la mirada de los determinantes sociales de la salud.

Chile ha logrado implementar un amplio sistema de protección social, basado en políticas sociales, el sistema de la seguridad social (público y privado, formal e informal) y un conjunto de programas enfocados en las necesidades de los más necesitados, en términos de solidaridad y justicia social, actualmente con un enfoque de rol subsidiario del Estado. Se cuenta con diversos organismos gubernamentales y otros que realizan abogacía, proponen políticas y lineamientos de acción para temas sensibles como género, pueblos originarios y otros. Las políticas sociales redistributivas y los subsidios monetarios focalizados en la población socialmente más pobre y vulnerable requieren mantener la focalización más eficiente posible.

Sin embargo desde la década de los años 80, el Estado ha sido reducido en su rol y financiamiento respecto al ámbito de protección social, dado los cambios del modelo neoliberal y de menores ingresos vía impuestos. Ello cual repercute en forma crónica en el financiamiento de programas en relación a su cobertura legal. En su defecto, es posible la focalización sólo alcance a grupos muy reducidos de eventuales beneficiarios, y no a todos quienes lo necesiten. La movilidad social y económica de grupos pobres a convertirse en sectores medios no pobres les deja fuera de beneficios focalizados, (aunque pudiesen efectivamente necesitarlos) y con incapacidad de pago o acceso al mercado lucrativo para satisfacer necesidades, problemas de seguridad, o imprevistos laborales o de ingresos. Aunque las condiciones del marco normativo y financiero restringen al Estado esencialmente a mantener su rol subsidiario, desde 1990 se ha intentado incorporar un enfoque más integrador del sistema de protección social.

El sistema también incluye el apoyo a necesidades de salud y contribuye a asegurar el acceso efectivo y oportuno al sistema de salud (según necesidad de cada persona), especialmente de aquellos que por motivos de pobreza y otros relacionados, puedan verse imposibilitados de tener mejores condiciones de salud y de acceso al sistema de salud en caso de necesidad. Las opciones de protección social en salud tienen un amplio rango y cabe precaver que alcance efectivamente a quienes lo necesitan (no sólo a los más pobres). 

El aporte dado por la protección social, que resulta predictible y estable en tiempos de relativa estabilidad económica, pudiera tener requerimiento radicalmente mayores en caso, por ejemplo, de una crisis económica con amplia repercusión en la población nacional (que pudiese provocar desempleo, pobreza, disminución de acceso a alimentos y otros bienes), por lo cual es importante adoptar mecanismos para enfrentar este tipo de situaciones. Es necesario el monitoreo y evaluación del grado en que las políticas y programas específicos de protección social están cubriendo de beneficios a todos aquellos que efectivamente los necesiten. Se requiere que los programas y beneficios se realicen con eficiencia y adecuada cobertura según derechos y necesidades de la población.

La orientación para el progreso y necesario fortalecimiento de la protección social puede ser encauzada por los  tres objetivos principales que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) plantea: (a) aumentar la eficacia y extender la cobertura de los sistemas de seguridad social; (b) promover la protección de los trabajadores (condiciones de trabajo decentes, incluyendo salarios, tiempo laboral y salud y seguridad en el trabajo; y (c), promover la protección de grupos vulnerables (trabajadores migrantes y sus familias; y los trabajadores en la economía informal)..

La acción necesaria para fortalecer la protección social se puede orientar por la iniciativa del Piso de Protección Social de las Naciones Unidas, que incluye: el acceso a transferencias sociales básicas y servicios sociales esenciales en las áreas de salud, agua y saneamiento, educación, alimentos, vivienda, e información sobre la vida y el ahorro de activos.

En línea con las recomendaciones de la OIT, los parámetros de progreso pueden incluir datos de la seguridad social, estadísticas e indicadores de acceso y uso de los beneficios contemplados en el sistema de protección social, buscando continuar con la extensión de cobertura y fortalecimiento de la seguridad social, compatible con las normas de seguridad social de la OIT. Ello, tanto en forma universal cuando corresponda, o bien eficiente y eficazmente en los grupos más vulnerables y necesitados, cuado la protección social sea requerida por esos grupos.

La serie técnica de Diagnósticos Regionales de Salud, que sirven para el seguimiento de la Estrategia Nacional de Salud con enfoque de determinantes sociales y equidad, aporta valiosos antecedentes básicos que sirven para contar con parámetros de referencia (regiones y comunas con mejor situación) y brechas entre situación y parámetros. 

Las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas y los Informes nacionales sobre el cumplimiento de Objetivos del Milenio para 2015, contienen parámetros (mínimos y complementarios) que contribuyen a visualizar progreso en determinantes sociales y salud.

Hay parámetros aportados por una serie de entidades gubernamentales que cuentan con propuestas y estrategias para mejorar condiciones relacionadas con determinantes sociales, entre las cuales destacan SERNAM, CONADI, el Ministerio de Desarrollo Social (Ex MIDEPLAN)

La información periódica aportada por las encuestas CASEN contribuye a conocer la situación de los principales determinantes sociales, la focalización de programas relacionados con la protección social, y la situación de los hogares y comunas más favorecidos y mejor nivel socioeconómico (comunas elite)

Algunas entidades internacionales con representación en Chile realizan estudios y reportes periódicos nacionales sobre la situación relacionada con determinantes sociales y salud incluyendo perspectivas y recomendaciones; destacan PNUD, UNICEF, FAO, OECD, OPS/OMS, CEPAL y OIT.

El Ministerio de Desarrollo Social (Ex MIDEPLAN) tiene una responsabilidad esencial en el seguimiento de condiciones socioeconómicas de la población, y su eventual repercusión en deterioro de condiciones de vida de grupos de la población. Por ello, el observatorio social de dicho Ministerio, la repetición de encuestas de hogares CASEN y otros estudios y modos de información son cruciales para velar por el debido y eficaz funcionamiento del sistema de protección social.

La situación y tendencias en protección social tienen implicancias para monitoreo y evaluación de ls situación social de los diversos grupos de la población y el rol que cumplen las políticas y el sistema de protección social. Por ello, es importante mantener con efectividad, la función del Observatorio Social que se ha implementado en el Ministerio de Desarrollo Social, que cuenta con una serie de encuestas y estudios que permiten mantener un conocimiento periódico y análisis actualizado de la realidad social y del acceso y uso de los diversos programas que forman parte de la protección social.

En este sentido, es importante resguardar que se cumplan los objetivos del Observatorio y de ese Ministerio: detectar las necesidades sociales de la población para el oportuno diseño de políticas sociales. Ello incluye recolectar, procesar y difundir información de tipo socioeconómica, con especial responsabilidad en las encuestas de caracterización socioeconómica nacionales (especialmente CASEN).

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